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Guerra a la guerra

Nunca imaginé que en mi edad madura mi país iba a estar en guerra.

La llamada “Guerra a las Drogas” comenzó hace cinco años. Los efectos han sido incontables. Los caídos -niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres-, son, según números oficiales, poco menos de cincuenta mil–otras fuentes citan más de sesenta mil-, sin contar los  desaparecidos, torturados, mutilados, secuestrados, tanto mexicanos como centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos.

Esta guerra no nació de la nada. Por una parte, se fue cultivando durante un par de décadas, si no es que más, si tomamos en cuenta la corrupción de las instituciones gubernamentales y policiacas, las abismales diferencias entre clases sociales, el crecimiento de fuerzas cada vez más organizadas y robustecidas dedicadas a comercios ilegales –la trata de personas (fuerza de trabajo de exportación, o de importación del sur y reexportación al norte), y las armas, traídas de la frontera norte, el tráfico de drogas producidas en otras latitudes y las Made in Mexico.

Por la otra,  la guerra está ligada  con un momento específico en la vida política de México y en su silla presidencial. La declaración fue promulgada por la Presidencia de México. Cuando el presidente declaró la Guerra al Narcotráfico, acababa de llegar a la oficina. Había ganado las elecciones por un margen minúsculo –y un buen porcentaje de mexicanos no creía en que éste fuera el “verdadero” resultado-. López Obrador, que no ocupaba el asiento por un muy corto margen de votos, habló de fraude y se declaró “Presidente legítimo”. En este contexto, el “otro” presidente legítimo, el Presidente Calderón, declaró la Guerra al Narcotráfico, confiado en que ésta le acarrearía aceptación de la mayoría. Calderón creyó le daría legitimidad y el músculo necesario para una buena gestión. Dio carta blanca a las policías, y echó el ejército salió a las calles, a “limpiar” de “narcotraficantes” el país. Lo que ha seguido a este impulso ha tenido proporciones espeluznantes. Por un lado, las cifras ya arrojadas aquí. Debe sumarse que el nivel de crueldad alcanzó lo inimaginable, el ensañamiento sobre las víctimas rebasa todo nivel, los activistas de los derechos humanos están en riesgo, los periodistas están en riesgo, y, quienquiera tenga la mala suerte de pasar cuando comience un fuego cruzado, también está en riesgo.

La vida social ha dado un vuelco.

Nunca imaginé que México llegaría así a mis sesentas. Mi generación creció con la memoria aún fresca de la Revolución Mexicana (la Guerra Cristera estaba menos identificada, unciéndose con la anterior). La violencia era un asunto del pasado. En las sobremesas se hablaba del costo de la Revolución: nuestros abuelos fue testigos, sobraban anécdotas; la “Bola” –el pueblo- se había alzado, y a mar revuelto había crecido la violencia. 

Los libros de texto gratuitos y la retórica oficial voceaban la cornucopia natural, la riqueza del país que había de administrarse para crear un país fuerte. Estables, sí, ya éramos. El Estado era  providente, el progreso era evidente (para mi clase social), se confiaba en que éramos un país con futuro. Éramos la esperanza encarnada. También la desigualdad social, era un hecho, pero todos juntos, como decía el slogan de un presidente de los setentas, íbamos “Arriba y adelante”.

No nos cabía duda de que México tenía muchas deudas pendientes –la mayor era la desigualdad entre clases sociales, el analfabetismo, la marginación de los pueblos indios-, pero existía la certeza, la posibilidad abierta.

Los problemas punzantes eran también de género (una mujer joven en minifalda como yo no podía desplazarse con libertad por las calles sin ser acosada, silbada, insultada, amenazada), pero eso lo íbamos a cambiar. Abrazamos las causas feministas, los cambios en la vida privada, la tolerancia para las diferencias sexuales. Algunos sí tomaron las causas sociales. Mi mejor amiga (Alejandra Bravo Mancera), apenas graduarse de médico, murió en la guerrilla centroamericana, donde había voluntaria a luchar, de Nicaragua al Salvador, donde murió torturada, mutilada, con “técnicas” de espeluzne que resuenan con las que hoy practican los asesinos en México –posiblemente entrenados por los mismos “técnicos” militares-.

En aquellas décadas, en los rincones más invisibles de las noticias, asomaba la Guerra Sucia mexicana, la represión, la guerrilla urbana y rural. Era una verdad que se escondía bajo las alfombras. No era paralela: se tornaba invisible. A pesar del esfuerzo de grupos aislados ciudadanos. Sólo a la salida del partido único en el poder (el PRI), supimos con claridad cuántos fueron los desaparecidos en la invisible guerra sucia. El número preciso aún se desconoce. El Comité Eureka habla de 557 entre 1969 y el 2001.  El informe “Histórico a la Sociedad Mexicana”[1] que firmó el Estado Mexicano en el 2006, precisa que en las décadas de los setentas y ochentas  “308 casos correspondieron a la zona rural y 174 a la zona urbana; adicionalmente, en el transcurso de las investigaciones se acumularon 50 casos más”.

Considerábamos necesaria la democracia. La exigencia de transparencia en las elecciones, la creación de partidos que quitaran el cetro al único partido que controlaba el poder desde hacía 75 años. Estábamos convencidos de que, con eso, combatiríamos la corrupción, se limpiaría la impunidad de los cuerpos policiacos, se abatiría el atropello contra los ciudadanos. Era nuestra apuesta.

En lugar del sueño, arribó la pesadilla.

Vista a la distancia, había ido ganando terreno silenciosa. Los cuerpos policiacos habían sido de temer –después del 68 quedó evidenciado que eran “enemigos del pueblo”-, judiciales, madrinas, cuerpos parapoliciacos. Los secuestros se volvieron a la orden del día, para los que los “cuerpos del orden” no ofrecían protección a las víctimas, sino todo lo contrario. El dinero del tráfico de drogas y otros comercios ilegales se colaba a los cuerpos policiacos.

Aún así, Colombia –un país devastado por la guerrilla, los narcotraficantes y el combate a la droga-, era donde ocurría el horror, nosotros en México estábamos muy lejos de éste.

Conforme nuestro sueño se evaporaba –el del cargamento que la llegada a la democracia debía traernos-, y las promesas de mejoramiento social que imaginamos paralelos se incumplían, el crimen y los comercios ilegales (así como sus nexos con las fuerzas “del orden”) se robustecieron. La percepción colectiva era de inseguridad, sobre todo en ciudad de México.

Pero el gran salto a la violencia vino después, con la Guerra al Narcotráfico. Fernando Escalante[2] habla de la caída en picada de la tasa de homicidios (“Entre 1990 y 2007 la tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente, año tras año; alcanzó un máximo de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1992, y a partir de entonces comenzó a bajar hasta llegar a un mínimo de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007”), hasta que comenzó hace cinco años el combate “frontal”, emprendido por decisión presidencial. Sigo con Fernando Escalante: “en 2008 cambia la tendencia de los 20 años anteriores y aumenta la tasa nacional de homicidios de un modo espectacular. En dos años pasa de ocho a 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. También es obvio que aumenta en casi todo el territorio, pero con perfiles muy distintos en unos estados y otros. En particular, el cambio más brusco, las tasas más altas aparecen en los estados en que hay operativos conjuntos “de alto impacto” en 2007.”

De ahí en adelante, el infierno.

Porque hoy México está sumido en un infierno. Las páginas de los periódicos hablan todos los días de fosas colectivas, rágafas de balas cayendo en bares, en centros de rehabilitación de drogas, en las calles de ciudades, a la salida de las escuelas o las iglesias.

Contra todo lo que imaginamos, no es una lucha en la arena política. El combate entre los carteles, las fortunas derramadas  y adquiridas, no tienen agenda cívica, propuestas, ideales o ideario. Lo que los torturadores o asesinos hacen a los cuerpos masacrados, mutilándolos, violándolos, desmembrándolos, ha hecho el narcotráfico y su “combate” con la agenda social. 

Los efectos de esta guerra han cambiado la atmósfera mexicana. De esto dan testimonio los textos que forman esta edición de WWB. Las páginas seleccionadas son de autores que han abordado de manera directa el tema. Poetas, narradores, periodistas. Convoqué a aquellos que no han hecho de la violencia un circo, un espectáculo, que no han comerciado con la marca. No es narcoliteratura. Es literatura. Deseo que sirva para acercarnos al México que no creímos ver llegar, el que hoy existe.


[1] http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/intro.pdf

[2] Revista Nexos, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189